La empresa UBER cuyo valor en bolsa es superior a YPF, general motors y otras solo cuesta U$S 62.50 Billones. Quiere imponer su negocio en Argentina.

El negocio es fácil, 0 Riesgo, 0 responsabilidad, embolso de utilidades en un país sin pagar tributos en el país donde se generan las ganancias, baja de los ingresos para la gente que brinda servicio de transporte privado.


LA NOTA -

El Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario Nro 15 ordenó al Gobierno porteño, como medida cautelar, arbitrar "las medidas necesarias para suspender cualquier actividad que desarrolle la empresa Uber" en la ciudad, hasta tanto haya una sentencia definitiva respecto del pedido de amparo del Sindicato de Peones de Taxis de la ciudad de Buenos Aires, la Cámara Empresaria del Autotaxi, la Asociación Civil de Taxistas de Capital, la Sociedad de Propietarios de Automóviles con Taxímetro y la Unión de Propietarios de Autos Taxis contra el gobierno porteño.

Ayer el servicio Uber comenzó a funcionar en el país: vincula a pasajeros con choferes privados. El servicio es pago, pero es más barato que la tarifa que se paga por un taxi. Esto le valió la oposición de los taxistas (que ayer por la tarde realizaron varios cortes de tránsito en el centro porteño), que lo consideran competencia desleal (porque los autos no pagan el mismo seguro, ni licencias habilitantes, etcétera). También, del Gobierno porteño, que considera que Uber no cumple con los requisitos legales para ofrecer un servicio de transporte en la ciudad. La compañía estadounidense dice que sí, amparándose en la ley 26.994 del Código Civil.

Cuando el servicio comenzó a funcionar ayer en la ciudad, el Gobieno porteño advirtió que no lo permitiría, con controles de agentes de tránsito intentando detectar autos que estén brindando el servicio (los consideran taxis o remises truchos) y el acarreo de los autos si no tienen la habilitación. Por otro lado, la Ciudad estudia hacer una presentación ante la Justicia por incumplimiento tributario.

Ahora llega la decisión del Tribunal, que también ordena a la Agencia Gubernamental de Control y a la Secretaría de Transporte porteña confirmar si Uber pidió su habilitación como servicio de transporte de pasajeros. Al ser una medida cautelar, la respuesta debe llegar en cinco días.


El texto de la medida cautelar -


Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte-por su omisión manifiestamente ilegítima y arbitraria de ejercer regularmente su poder de policía y evitar la prestación de un servicio irregular de transporte a través del funcionamiento de la empresa UBER, quien pretende eximirse de las obligaciones previstas en el Código de Tránsito y Transporte.En este marco, solicitaronel dictado de una medida cautelar a fin de queel GCBA arbitre las medidas pertinentes para suspender cualquier actividad desarrollada por la empresa UBER en la Ciudad Autónoma de Buenos Airesque implique prestar y/o facilitar y/o convocar a personas a prestar el servicio de transporte de pasajeros sin adecuarse a las previsiones del Código de Tránsito y Transporte, como así también, evitar que la empresa y sus conductores continúen prestando el servicio de transporte oneroso de pasajeros. Asimismo, peticionaron que se disponga de forma inmediata las medidas necesarias a fin de que se ordene el cese de la publicación de las aplicaciones
para celulares móviles ofrecida por la empresa UBER B.V.o UBER TECHNOLOGIES INC.,para nuestro mercado local a través de las distintas plataformas disponibles (Appstore, Playstore, Windows Apps), hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión(v. fs. 2/2 vta. y 17).Señalaron que esta situación provoca una grave lesión en el derecho a trabajar (arts. 43 CCABA y 14 de la CN), y en la igualdad de las cargas públicas (arts. 36 y 51 CCABA y 16 CN) de todos los trabajadores que integran el sindicato como así también de los propietarios de las licencias de taxi afiliados a las Cámaras Empresarias y coloca arbitraria e ilegítimamente a los conductores asociados a la empresa UBER y a la empresa misma en mejores condiciones que el resto de los trabajadores.Indicaron que desde hace unos meses la empresa extranjera UBER pretende desplegar su servicio en la Ciudaddesarrollando de manera ilegítima su actividad a ?modo de prueba? y que,si bien dicha empresa pretende estar excluida de la reglamentación no es más que una facilitadora de la prestación del servicio de transporte de pasajeros comoel taxi y como tal,debe encuadrarse en las prescripciones del Código de Tránsito y Transporte.Sostuvieron que la omisión y abstención del GCBA de adoptar medidasconcretas tendientes a detener, suspender y prohibir la continuidad de la prestación de laactividad no solo lesiona el ordenamiento jurídico vigente sino que causa una afectación inminente en el derecho a trabajar de todos aquellos que cumplen con las normas locales y se someten a un sin fin de obligaciones y deberes que impone la Ciudad para realizar la actividad, circunstancia que no les permite competir en idénticas condiciones con quienes pretenden desarrollarla sin ninguna exigencia.Manifestaron que el GCBA permite que se continúe con el despliegue de publicidad y con la efectiva prestación del servicio de la empresa UBER a modo de ?prueba?con el objetivo de captar un mayor número de socios que presten el referido servicio. En este sentido, adujeron que a través de la página web de la empresa se invita a los particulares a prestar el servicio bajo la modalidad de ?prueba piloto? sujeto únicamente a las condiciones allí establecidas, como así también, los medios de
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires?SINDICATO DE PEONES DE TAXI DE LA CAPITAL FEDERAL Y OTROS CONTRA GCBA Y OTROS SOBRE AMPARO?, EXPTE:C3065-2016/0telecomunicación, internet y redes sociales que reproducen las manifestaciones de la empresa.Expresaron que UBER no solo no tributaría en la Ciudad sino tampoco en la Nacióndado que no está radicada en el país ni posee autorización legal para funcionary que la clave del servicio que ofrecees que las tarifas resultan más bajas puesto que no realizan aporte previsional alguno,no poseen seguros de transporte ni tiene obligaciones tributarias como sociedad,ni estásujeta a la tarifa prevista por el GCBA aplicable alos taxis.Fundaron en derecho, ofrecieron prueba e hicieron reserva del caso federal.II. A fs. 223 dictaminó la Sra. Fiscal y,a fs. 232pasaron los autos a resolver.CONSIDERANDO:I.Las cuestiones traídas a conocimiento del suscripto requierenun tratamiento ordenadodeconformidad con aquellas normas que aseguren el derecho a ser oído con las debidas garantías (art. 8.1. CADH),el acceso a la justicia (art. 12.6 CCABA)y el desarrollo bajo reglas previsiblesde untipo deproceso que carece de reglamentación especifica de detalle.II. A fs. 220 dispuse cumplir con lo dispuesto en el acuerdo Plenario de la Cámara de Apelaciones del fuero CAyT nº5/2005en relación con los informes al Registro de Amparos Colectivos. Además, adopté medidas para informarme sobre otros amparosy procesos que podrían estar vinculados con el presente. Sin embargo, a la fecha, los expedientes solicitados aún se encuentran pendientes de otros trámitesen juzgados y fiscalías de este fuero. Por tal razón y sin perjuicio de lo que oportunamente pudiera resolverseen materia de conexidad, corresponde no demorar el trámite de la causa para el tratamiento de dos cuestiones urgentes: a) la solicitud de medida cautelar, que debe ser resuelta. Asítambién lo ha entendido el Ministerio Público en su
dictamen de fs. 223 al mencionar la necesidad de proteger la seguridad de las personas; y,b) la necesidad de cumplir, dentrodel acotado plazo establecidopor la ley,con la?reconducción de la acción? (cfr. arts. 5 y 6, ley n° 2145)y que, entiendo, comienza una vez producido el dictamen del Ministerio Público pues,ese órgano debe verificar el presupuesto procesal de competencia, que es un recaudo previo a la definición de la clase de proceso a desarrollar (cfr. arg. art. 28 ley n° 2145 y art. 27, inc. 5.b) delCCAyT).III.La complejidad de la pretensión interpuesta,posee aspectos colectivos ostensibles cuyo tratamiento y decisión puedeincidir en diferentes grupos con intereses o posiciones jurídicas encontradas. Se presentan a primera vista, por ejemplo,cuestiones vinculadas con la seguridad urbana, la defensa de los usuarios y consumidores, el derecho a trabajar y de ejercer industria lícita, aspectos tributarios, conflictos derivados del uso de las nuevas tecnologías y su impacto en el sistema jurídico, la seguridad y coordinacióndel transporte urbano, la igualdad ante las cargas públicas, la actuación de sociedades o empresas extranjeras en el ámbito local, los alcances del poder de policía, etc., y a estas cuestiones se pueden agregar otras interpretaciones o categorías jurídicas producto del desarrollo del contradictorio. Tal escenariomeconvence de que el proceso de amparo, sóloreglamentado para casos individuales o litisconsorciales, no puede absorber ni garantizar un riguroso tratamiento del conflicto ante la densidadde los tópicos mencionados. IV.A lo expresado se agreganlaslimitacionesde plazos, las recursivasy las probatoriasdel régimen establecido en la ley n° 2145, que lucen inidóneas ante la necesidad de un debate participativoque brinde oportunidad de intervenir útilmente y haga posible verificar los presupuestos básicos de un proceso colectivo:la notificación adecuada del proceso a los potenciales interesados y su emplazamiento para comparecer a estar a derecho y la verificación continua de la representación adecuada de las clases o grupos que integren los frentes. Poresta razón habré de disponer la ordinarización del proceso (cfr. art. 6, ley n° 2145).V.En segundo lugar, tal como anticipé, se hace necesario tratar la medida cautelar solicitada.
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires?SINDICATO DE PEONES DE TAXI DE LA CAPITAL FEDERAL Y OTROS CONTRA GCBA Y OTROS SOBRE AMPARO?, EXPTE:C3065-2016/0Al respecto cabe señalar algunas cuestiones preliminares. La primera es la posibilidad de que eltribunal puedadictar una medida cautelar distinta de la solicitada,o limitarla,si se presentan las circunstancias mencionadas en el art. 184 del CCAyT. Así lo haré. La segunda es que la decisión sobre la pretensióncautelar debeconsiderar, sobre todo en procesos de carácter colectivo y de naturaleza contenciosa administrativa, toda circunstancia sobreviniente que pueda coadyuvar a garantizar la eficacia del proceso,pues ese es el propósito de la medidacautelar. Este aspectocobra mayor sentido cuando hechos de público y notorio conocimiento, a los que me referiré,exigen su análisis a fin dedotar a mi decisión de actualidad y eficacia.En el marco de conocimiento limitado de esta cautelar, puede sostenerseque laempresa conocida mundialmente como UBER, tendría intención de desarrollaractividades en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Diferentes medios de comunicación gráficos y audiovisuales, como también portales digitales de noticias,refierenla inminente llegada a la Ciudad de un servicio de transporte de pasajeros conocido como UBER o el comienzo de tal actividad.1Por otra parte, y este es un dato relevante para definir la situación cautelar, los medios dan cuenta de que elSecretario de Transporte porteño, Juan José Méndez, advirtió que el sistema UBER de traslado de pasajeros es "ilegal".2De acuerdo con la descripción que hacen los actores en su presentación y lo que habría expresado a distintos medios el Sr. Secretario de Transporte de la Ciudad, la empresa UBER infringiría una serie de normas reglamentarias vinculadas con el 1Ver:http://www.lanacion.com.ar/1888586-uber-arranca-sus-operaciones-en-buenos-aires; http://www.eldestapeweb.com/llego-uber-hay-polemica-e-incertidumbre-su-futuro-n16441;Fecha de consulta el 12/04/16.2Ver:http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-296801-2016-04-12.htmly http://www.telam.com.ar/notas/201604/143031-aplicacion-movil-transito-uber.html Consulta el 12/04/16.
Código de Tránsito y Transporte(ley n° 2148publicado en el BOCABA n°2615, del 30/01/2007, con sus modificaciones)y de la ley n° 3622(publicado en el BOCABA nº 3589, del 21/01/2011con sus modificaciones)queincorporó al mencionado códigola regulación del servicio de transporte público de pasajeros en automóviles de alquiler con taxímetro (Taxis).Asimismo, y tal como lo destacó la Sra. Fiscal en su dictamen de fs.223,con la actividad cuestionada se encontraría involucrado el traslado de personas, lo que, a su vez,involucra la seguridad de aquellas como bien jurídico protegidoconstitucionalmente. Comparto lo afirmadopor la Sra. Fiscal, dado que los usuarios de servicios gozan de especial tutela en el art. 42 de la Constitución Nacionaly,en lo que aquí interesa para analizar la verosimilitud del derecho, la norma constitucional establece que los usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud y seguridad; y que es deber de las autoridades el control de la calidad y eficiencia de los servicios públicos.Por su parte, el art. 46 de la CCABA consagra derechos similares y establece en cabeza de la Ciudad el deber de proteger la salud, la seguridad y el patrimonio de los consumidores y el acceso a la información transparente, adecuada, verazy oportuna. Dispone esa norma que la Ciudad ejerce elpoder de policía en materia de consumo de todos los bienes y servicios comercializadosen ella.Asimismo,y siempre dentroámbito de lo probable que resulta inherente a la consideración de toda medida cautelar, también corresponde señalar la posibilidad de que la actividaddesplegada porUBERpodría estar en colisión conel artículo 6.1.743de la Sección 6, Capítulo I de la ley n° 451 ?Régimen de Faltas?, entre otras normas. VI. Por otro lado, es necesariorecordar que la Ciudad desarrolla en forma indelegable una política de planeamiento y gestión del ambiente urbano integrada a las 3"OTORGAMIENTO DE VIAJES DE MANERA NO AUTORIZADA. Quien asignare viajes requeridos por vía telefónica, correo electrónico, mensaje de texto (de telefonía móvil) o Internet, y no lo hiciera a través de las Centrales de Radio ?Taxi autorizadas, será penado con multa de cuatro mil (4.000) unidades fijas.Idéntica sanción será aplicable al titular y/o responsable y/o chofer del taxi que efectuare el viaje asignado de ese modo. En todos los casos el Controlador y/o Juez interviniente deberá librar oficio a laAutoridad de Aplicación a fin de comunicar la resolución recaída." Incorporado por artículo 4ºde la ley n° 5217, (publicado en el BOCABA n° 4562, del 20/01/2015).
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires?SINDICATO DE PEONES DE TAXI DE LA CAPITAL FEDERAL Y OTROS CONTRA GCBA Y OTROS SOBRE AMPARO?, EXPTE:C3065-2016/0políticas de desarrollo económico, social y cultural, que contemple su inserción en el área metropolitana. Instrumenta un proceso de ordenamiento territorial y ambiental participativo y permanente que promueve la seguridad vial (cfr. art. 27, inc. 9, CCABA) y que dentro de los órganos de control porteños el constituyente creóel ?Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad?, para ejercer el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización serealice por la administración central y descentralizada o por tercerospara la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto (cfr. art. 138, CCABA).Las cuestiones expuestas hasta aquí exhiben suficientes elementos para estimar que se encuentran reunidos los requisitos de verosimilitud en los derechos de incidencia colectiva cuya tutela se solicita y,de peligro en la demora derivado deno adoptar una resolución temprana que preserve cautelarmente la eficacia del proceso ante la presunción de actos en ciernes que podrían afectar aquellos derechos.El artículo 177 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que: ?Las medidascautelares son todas aquellas que tienen por objeto garantizar los efectos del proceso, inclusoaquéllas de contenido positivo y la suspensión de la ejecución del acto administrativoimpugnado, o del hecho ocontrato implicado en este, aunque lo peticionado coincida con elobjeto sustancial de la acción promovida?. Y que: ?Quien tuviere fundado motivo para temerque durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho, éste pudiere sufrir unperjuicio inminente o irreparable puede solicitar medidas urgentes...?.La norma despeja cualquier duda sobre la posibilidad de establecer medidas cautelares innovativas y anticipos de tutela jurisdiccional.Los aspectos analizados de la causa pueden subsumirse en las previsiones de la norma precedentemente transcripta. Por otra parte, no considero aplicable lo dispuesto
en el segundo párrafo del artículo 15 de la ley n° 2145por dos razones. La primera es que, al reconducirse la vía del amparo hacia un proceso de conocimiento pleno, el mencionado artículo no resulta aplicable ya que es una norma específica para el amparo. En segundo lugar, las medidas de índolecautelar que habré de disponer no interfieren con ningún servicio público ni perjudicarían ninguna función esencial de la Administración-lo que se halla corroborado por las declaraciones del Secretario de Transporte-y sonlas más aptas para asegurar provisionalmente el cumplimiento de una eventual sentencia estimatoria.VII. Por último, habré de desestimar la petición cautelar destinada a que se disponga inmediatamente las medidas necesarias para ordenar el cese de la publicación de las aplicaciones para celulares móviles ofrecidas por la empresa UBER B.V. o UBER TECHNOLOGIES INC.,por resultar inconducentes,carecer de argumentos que sustenten su procedibilidad y por la eventual invasión depotestades de otras jurisdicciones.Sin perjuicio de ello, en atención a que pueden encontrarsecomprometidas materiasvinculadas con poder de policía local relativas a la seguridaddel transporte, la percepción de tributos y la protección de usuarios y consumidores, solicitaré informes a la Inspección General de Justicia relativas a la empresa conocida como UBER.(cfr. lodispuesto en el art. 144 del Código Civil yComercial y los arts. 118 y concordantes de la ley n° 19.550).VIII. En atención a la clase de proceso y por estar la cuestión vinculada con consumidores y usuarios, establecerécomo contracautela, la juratoria, entendiendoque ella se halla implícitamente otorgada con las solicitud de la medida, toda vez que no cabe presumir otra cosa que no sea la buena fe de quien reclama justicia y la intención de no causar un daño injusto a otro.Por lo expuesto, RESUELVO: 1)Ordenar al GCBA que de modo inmediato arbitre las medidas necesarias para suspender cualquier actividad que desarrolle la empresa UBER B.V.oUBER TECHNOLOGIES INC. o cualquier sociedad bajo ese nombre, razón social y tipo de
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires?SINDICATO DE PEONES DE TAXI DE LA CAPITAL FEDERAL Y OTROS CONTRA GCBA Y OTROS SOBRE AMPARO?, EXPTE:C3065-2016/0actividad descripta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta tanto se dicte sentencia definitiva o se presente la hipótesis prevista en el art. 182 del CCAyT, debiendo informar en maneracircunstanciada a este Juzgado,dentro del plazo de cinco(5)días, las medidas adoptadas. 2) Tener por prestada la contracautela juratoria.3) Desestimar la petición cautelar mencionada en el considerandoVII.4) Librar oficios a: i)la Agencia Gubernamental de Controlpara que informe si la empresa conocida mundialmente como UBER ha presentado algún pedido de habilitación para el servicio de transporte público de pasajeros y, en caso afirmativo, informe desde quéfecha y remita los antecedentes administrativos o copia certificada de los mismos. ii)A la AdministraciónGubernamental de Ingresos Públicospara que indique si la empresa conocida mundialmente como UBER, cualquiera fuera su razón social, está registrada como contribuyente, desde qué fecha y cuál es su domicilio fiscal. iii)A la Secretaría de Transportedel GCBA, para que informe si la empresa conocida como UBER realizó algunapresentación para actuar en elrubro detransporte de pasajeros y, en su caso, remita las correspondientes actuaciones o copia certificada de éstas. En razón del carácter cautelar de las medidas, los oficios deberán ser contestados en el plazo de cinco(5)días, bajo apercibimiento de aplicar astreintes a los funcionarios responsables o a quienes los reemplacen legalmente en caso de vacancia o licencia (cfr. art. 30, CCAyT). Ofíciese, quedando la confección y diligenciamiento a cargo de la parte actora. 5) Notifíquese la presente resolución al Sr. Jefe de Gobierno, al Secretario de Transporte, al Ministro de Justicia y Seguridad y a la Procuración General de la Ciudad. 6) Notifíquesela existencia del presente proceso y la presente resolución al ?Ente Único Regulador de Servicios Públicos?