Gustavo Vera, imputado por el juez Bonadío
Gustavo Vera, legislador y titular de la fundación La Alameda, fue imputado por quedarse con máquinas de un taller allanado. Los detalles del caso.
por MDZ1 de Octubre de 2016 | 20:484 opiniones
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Amigo del Papa Francisco imputado por chorro

(Foto expedientepolitico.com Bajo la carátula de malversación de caudales públicos, el juez Claudio Bonadío investiga un entramado judicial para el robo sistemático de maquinarias e insumos del sector textil, por el que imputó al legislador porteño y activista social Gustavo Vera, titular de la Fundación La Alameda y también conocido por su cercanía con el papa Francisco.
 El expediente, número 7285/2016 lleva como carátula: "Vera, Gustavo Javier y otro s/ Malversación de Caudales Públicos" y la causa en un principio estuvo a cargo del juez Ariel Lijo, tras una denuncia por el delito de "malversación de caudales públicos". En pocas palabras, se trata del uso de maquinarias textiles incautadas por la justicia, que con el fin de "reinserción social" se los utiliza para fines benéficos. 
La Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal le quitó el manejo de la causa a Lijo y la envió nuevamente a sorteo para que intervengan otras autoridades judiciales, con la orden de devolver inmediatamente lo incautado. Resultado del sorteo fue designado para esta causa el juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien ordenó que reintegraran todo el material. Pero aquí no se acaba la historia.
Lo que sucedió fue que tras la restitución faltaban varias máquinas valuadas en miles de pesos, insumos y prendas confeccionadas. Esto condujo a que el juez Claudio Bonadío decidiera investigar el caso.
Esta noticia, dada a conocer por la revista Noticias, se remite a una consulta hecha por ese medio al diputado Gustavo Vera, quien negó la imputación y consideró que "ya está todo aclarado, con la devolución quedó sin efecto la causa". 
Según explica Noticias, esta causa puede terminar siendo la punta del iceberg que ponga al descubierto un sistema que permite el aprovechamiento por parte de terceros de materiales incautados cuando todavía no hay una sentencia firme, y que nadie controla.